El Tribunal Constitucional ha vuelto a tumbar la propuesta de consulta catalana, prevista para el próximo domingo 9 de noviembre.
Esta nueva consulta, la consulta alternativa, aquella que entraba en escena salvando las prohibiciones del Constitucional, ha sido suspendida al admitir a trámite el mismo Tribunal, el recurso que presentó el Gobierno de España.
Tal como ocurrió en la anterior providencia, el Constitucional no ha entrado a conocer el fondo del asunto, sino que suspende de forma cautelar la iniciativa independentista, durante un período no superior a cinco meses, en aplicación del artículo 161.2 de la Constitución.
Sin embargo en esta ocasión, la Providencia no incluye advertencia expresa a la Generalitat catalana sobre la obligación de dicha suspensión. Recordemos que en la anterior hablaba sobre delito de desobediencia si se incumpliera lo estipulado en ella.
Quizás por ello el Gobierno catalán ha decidido continuar con la consulta. Considera que no está desobedeciendo al Constitucional manteniendo los preparativos de la consulta, y además, presentará contra el Gobierno central denuncia por “vulneración de derechos fundamentales” y un atentado “contra el derecho a la participación, la libertad de expresión y la libertad ideológica”.
El recurso de los Abogados del Estado se basaba fundamentalmente en la web de la Generalitat “participa2014.cat” al considerar que esta tenía efectos jurídicos y trascendencia externa. Pero me temo que este asunto se ha convertido más en un partido de tenis que en una cuestión jurídica.
Tras la anterior suspensión, el Govern esquiva actuaciones que le podrían llevar a incurrir en delito y monta una nueva consulta sin una estructura definida. El gobierno español, vuelve a usar el artículo 161.2 de la Constitución, aquel que le da barra libre para impugnar y obtener una suspensión automática. El Tribunal Constitucional nuevamente suspende la consulta pero, esta vez, sin advertencias sobre las consecuencias que puede ocasionar su desobediencia. Tras esto, el Govern devuelve el golpe al ejecutivo español anunciando que no da marcha atrás y que celebrará el 9-N la consulta prevista. Ahora la pelota está en el tejado del gobierno que preside Don Mariano Rajoy que, suponemos, apelará al cumplimiento de las leyes constitucionales.
En resumen, nos encontramos con un gobierno catalán al que le importa más una fecha que un referéndum. Un gobierno español que no mide y abusa de las ventajas constitucionales puestas a su disposición. Y un Tribunal Constitucional que no se moja en absoluto. Veremos si podemos extraer más jugo jurídico cuando, en menos de cinco meses, se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.
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